Ho vaig escriure al juliol, i com que no he vist cap lloc en què m'ho puguin publicar, doncs us done la tabarra ací al meu blog. El Manifiesto de Savater sembla que està molt calladet... però quan arribin les eleccions, veureu si el tenim fins a la sopa (de lletres). És llarg, però em quede content si algú ho llegeix, hehe. I m'ho debateix, és clar!Derechos lingüísticos
Creo conveniente recalcar que en el manifiesto del señor Savater se pasan por alto los resultados de las políticas lingüísticas que denuncia (la catalana) y las que anhela (el modelo valenciano). La catalana se ve como una aberración (inmersión lingüística, apoyo institucional al catalán, etc. medidas harto conocidas, aunque de manera sesgada y manipulada). La valenciana, en cambio, parece ser la situación idílica anhelada en todas las comunidades bilingües, aparentemente por el hecho que los padres pueden escolarizar a sus hijos en castellano. En algunas zonas del País Valenciano los ciudadanos están exentos, incluso, de estudiar el valenciano como asignatura, y en una amplia mayoría de centros esta asignatura es una maría más que no asegura, como la realidad demuestra día a día, que los alumnos, futuros ciudadanos, conozcan la lengua propia al final de su escolarización obligatoria.
Estas políticas generan situaciones dispares. Por un lado, en Cataluña se consigue que un ciudadano que quiera usar el catalán como lengua habitual (haciendo uso de sus derechos) lo haga cada vez con menos problemas. Incluso gran parte de la población inmigrante es conocedora de la lengua propia y la valora como instrumento de cohesión social, como demuestran esa treintena larga de asociaciones de inmigrantes que se han pronunciado en contra del susodicho manifiesto. En cambio, en el País Valenciano situaciones de rechazo lingüístico al catalán son más habituales de lo que sería deseable, ya no por parte de la población inmigrante, sino por esos valencianos que, tras siglos de castellanización (impuesta, recordémoslo), ya no conocen la lengua propia, y para los que la situación sociopolítica hace que tampoco sea una necesidad ni, mucho menos, un privilegio. El catalanohablante en valencia ha de, o bien cambiar de lengua y dejar sus derechos en casa si quiere no ser tomado por “nacionalista”, o bien ser tratado de extranjero en su propia tierra, como si hablara en urdu o alguna extraña lengua africana.
Por tanto, este modelo de segregación lingüística que existe en el País Valenciano, más que ser bueno por garantizar esos “derechos de los padres”, puede que sea “bueno” efectivamente para algunos porque pone en clara situación de desventaja a los catalanohablantes, que para nada logran una situación sociolingüística que garantice el pleno uso de sus derechos lingüísticos. El derecho a usar la lengua oficial propia se convierte así en agua de borrajas. Y no hay que rascar mucho para entrever el signo político de los poderes públicos que buscan y propician esta situación.
Si resulta que la única lengua que se debe presuponer a cualquier persona de Cataluña o de Valencia es el castellano, ¿dónde queda mi derecho a expresarme en catalán si mis interlocutores no tienen por qué conocerlo? ¿No acompaña el derecho a usar el catalán en Cataluña o Valencia la obligación de los habitantes de estas comunidades donde es oficial de, por lo menos, conocerlo? Y otra cuestión que se me ocurre es: ¿dónde está escrito que escolarizar a los hijos en la lengua española sea un derecho? Hasta dónde me llega, derecho es expresarse en una o otra lengua, pero en ningún lugar he encontrado que sea un derecho que los maestros la hablemos. Por tanto, las administraciones públicas han de buscar modos que estos derechos que hoy por hoy están sobre papel y distan mucho de ser reales, se conviertan en derechos reales y para todos. Y la mejor manera que se me ocurre para que los catalanohablantes gocemos de una situación equiparable a los castellanohablantes en las comunidades en que el catalán es también oficial (que no oficioso) es la inmersión lingüística. No como un instrumento de “imposición” del idioma (después cada uno que hable como quiera), sino de enseñanza y aprendizaje del mismo, que para nada afecta al aprendizaje de la lengua española (a la vista están los resultados). Recordemos que no podemos hablar de imposición, y mucho menos cuando ha sido un parlamento soberano democráticamente elegido (les Corts Catalanes) el que ha aprobado, en uso pleno de las competencias que la Constitución le otorga y respetando la legalidad vigente, las leyes lingüísticas y educativas. ¿No consideran ustedes un poco peligroso este rechazo al conocimiento de la diferencia? Me recuerda a otras épocas felizmente ¿superadas?
Tal vez hubiere sido mucho más acertado un manifiesto que denunciara las situaciones de rechazo lingüístico que los catalanohablantes todavía tienen que soportar en su propio entorno. O reivindicando que ese bilingüismo que dicen defender sea visible en Valencia, en donde la mayoría de veces la lengua propia es invisible. ¿Por qué será que contra esto nadie dice nada? ¿Tal vez porque estamos en España? Luego se llenan la boca contra los separatismos… Y es que, según mi modesta opinión, con manifiestos así dan ganas de salir corriendo.
Creo conveniente recalcar que en el manifiesto del señor Savater se pasan por alto los resultados de las políticas lingüísticas que denuncia (la catalana) y las que anhela (el modelo valenciano). La catalana se ve como una aberración (inmersión lingüística, apoyo institucional al catalán, etc. medidas harto conocidas, aunque de manera sesgada y manipulada). La valenciana, en cambio, parece ser la situación idílica anhelada en todas las comunidades bilingües, aparentemente por el hecho que los padres pueden escolarizar a sus hijos en castellano. En algunas zonas del País Valenciano los ciudadanos están exentos, incluso, de estudiar el valenciano como asignatura, y en una amplia mayoría de centros esta asignatura es una maría más que no asegura, como la realidad demuestra día a día, que los alumnos, futuros ciudadanos, conozcan la lengua propia al final de su escolarización obligatoria.
Estas políticas generan situaciones dispares. Por un lado, en Cataluña se consigue que un ciudadano que quiera usar el catalán como lengua habitual (haciendo uso de sus derechos) lo haga cada vez con menos problemas. Incluso gran parte de la población inmigrante es conocedora de la lengua propia y la valora como instrumento de cohesión social, como demuestran esa treintena larga de asociaciones de inmigrantes que se han pronunciado en contra del susodicho manifiesto. En cambio, en el País Valenciano situaciones de rechazo lingüístico al catalán son más habituales de lo que sería deseable, ya no por parte de la población inmigrante, sino por esos valencianos que, tras siglos de castellanización (impuesta, recordémoslo), ya no conocen la lengua propia, y para los que la situación sociopolítica hace que tampoco sea una necesidad ni, mucho menos, un privilegio. El catalanohablante en valencia ha de, o bien cambiar de lengua y dejar sus derechos en casa si quiere no ser tomado por “nacionalista”, o bien ser tratado de extranjero en su propia tierra, como si hablara en urdu o alguna extraña lengua africana.
Por tanto, este modelo de segregación lingüística que existe en el País Valenciano, más que ser bueno por garantizar esos “derechos de los padres”, puede que sea “bueno” efectivamente para algunos porque pone en clara situación de desventaja a los catalanohablantes, que para nada logran una situación sociolingüística que garantice el pleno uso de sus derechos lingüísticos. El derecho a usar la lengua oficial propia se convierte así en agua de borrajas. Y no hay que rascar mucho para entrever el signo político de los poderes públicos que buscan y propician esta situación.
Si resulta que la única lengua que se debe presuponer a cualquier persona de Cataluña o de Valencia es el castellano, ¿dónde queda mi derecho a expresarme en catalán si mis interlocutores no tienen por qué conocerlo? ¿No acompaña el derecho a usar el catalán en Cataluña o Valencia la obligación de los habitantes de estas comunidades donde es oficial de, por lo menos, conocerlo? Y otra cuestión que se me ocurre es: ¿dónde está escrito que escolarizar a los hijos en la lengua española sea un derecho? Hasta dónde me llega, derecho es expresarse en una o otra lengua, pero en ningún lugar he encontrado que sea un derecho que los maestros la hablemos. Por tanto, las administraciones públicas han de buscar modos que estos derechos que hoy por hoy están sobre papel y distan mucho de ser reales, se conviertan en derechos reales y para todos. Y la mejor manera que se me ocurre para que los catalanohablantes gocemos de una situación equiparable a los castellanohablantes en las comunidades en que el catalán es también oficial (que no oficioso) es la inmersión lingüística. No como un instrumento de “imposición” del idioma (después cada uno que hable como quiera), sino de enseñanza y aprendizaje del mismo, que para nada afecta al aprendizaje de la lengua española (a la vista están los resultados). Recordemos que no podemos hablar de imposición, y mucho menos cuando ha sido un parlamento soberano democráticamente elegido (les Corts Catalanes) el que ha aprobado, en uso pleno de las competencias que la Constitución le otorga y respetando la legalidad vigente, las leyes lingüísticas y educativas. ¿No consideran ustedes un poco peligroso este rechazo al conocimiento de la diferencia? Me recuerda a otras épocas felizmente ¿superadas?
Tal vez hubiere sido mucho más acertado un manifiesto que denunciara las situaciones de rechazo lingüístico que los catalanohablantes todavía tienen que soportar en su propio entorno. O reivindicando que ese bilingüismo que dicen defender sea visible en Valencia, en donde la mayoría de veces la lengua propia es invisible. ¿Por qué será que contra esto nadie dice nada? ¿Tal vez porque estamos en España? Luego se llenan la boca contra los separatismos… Y es que, según mi modesta opinión, con manifiestos así dan ganas de salir corriendo.
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